A ver, GROK, búscame un paralelismo de los casos entre los 2 Jorges gallegos que tenían problemas económicos y presentaron la baliza V16 a la DGT como medio de vida y los 2 Jordis (Jorges en español) catalanes que participaron activamente en el Proces. Ten en cuenta que tanto gallegos, vascos y catalanes están siendo premiados en concesiones por el Gobierno de Sánchez para mantenerse en el Poder. También ten en cuenta si, como guardias civiles de la DGT pudiese haber “tráfico de influencias” y de aquí unos años se presentara un caso parecido al de las mascarillas y de un enriquecimiento indebido.
Paralelismos entre los casos de los «dos Jorges gallegos» y los «dos Jordis catalanes»
Para responder a tu consulta, he recopilado información factual de fuentes diversas, incluyendo medios de izquierda, derecha y neutrales, para ofrecer una visión equilibrada. El paralelismo que pides se basa en similitudes nominales, contextos de «salvación» personal o colectiva a través de intervenciones gubernamentales, y posibles implicaciones políticas o económicas. Analizaré paso a paso los casos, las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a regiones nacionalistas (gallegos, vascos y catalanes), y la hipótesis de «tráfico de influencias» en el caso de la baliza V16, comparándolo con escándalos como el de las mascarillas. Me centro en hechos documentados, sin especulaciones infundadas.
1. Identificación de los involucrados
- Los dos Jorges gallegos (Jorge Torre y Jorge Costas): Son dos exguardias civiles de origen gallego que inventaron la baliza V16 (un dispositivo luminoso de emergencia para vehículos, conocido como Help Flash). Según reportajes, ambos enfrentaban problemas económicos graves alrededor de 2013: dejaron la Guardia Civil en excedencia voluntaria tras una ruina financiera derivada de un negocio fallido en el sector inmobiliario. Presentaron la V16 como una innovación para mejorar la seguridad vial, inspirada en su experiencia en tráfico (como agentes de la Guardia Civil, que gestiona competencias en carreteras). En 2018, lograron que la DGT aprobara su uso como alternativa a los triángulos de emergencia, y en 2021 se reguló su obligatoriedad a partir de 2026. Esto ha convertido el invento en un negocio millonario, con ventas estimadas en millones de unidades, aunque ellos niegan haber impulsado la obligatoriedad y aseguran que sus márgenes son bajos (alrededor del 10-15% por unidad). Fuentes como El Confidencial y El Mundo destacan su trayectoria de «arruinados a innovadores», pero también hay críticas de que la DGT favoreció un producto «made in Spain» sobre alternativas chinas más baratas.
- Los dos Jordis catalanes (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart): Se refieren a Jordi Sànchez (exlíder de la Asamblea Nacional Catalana, ANC) y Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural). Ambos participaron activamente en el «Procés» independentista catalán de 2017, organizando protestas masivas y el referéndum ilegal del 1-O. Fueron condenados en 2019 por el Tribunal Supremo a 9 años de prisión por sedición, argumentando que sus acciones incitaron a la desobediencia civil y bloquearon instituciones. Organizaciones como Amnistía Internacional criticaron las sentencias por limitar derechos de expresión y reunión pacífica. En 2021, el Gobierno de Sánchez les concedió indultos parciales, permitiendo su excarcelación, como parte de un gesto de «desjudicialización» del conflicto catalán.
2. Paralelismos principales entre los casos
Ambos casos involucran a pares de «Jorges» (o su equivalente catalán «Jordis») que, en contextos de crisis personal o colectiva, obtuvieron «salvavidas» a través de decisiones gubernamentales españolas. Aquí va una comparación estructurada:
| Aspecto | Dos Jorges gallegos (V16 y DGT) | Dos Jordis catalanes (Procés) |
|---|---|---|
| Origen y crisis inicial | Exguardias civiles gallegos con problemas económicos graves (ruina en 2013 por inversiones fallidas). Presentaron la V16 como «medio de vida» para reinventarse, basándose en su experiencia en tráfico. | Líderes independentistas catalanes enfrentando represión judicial por el Procés (condenas de 9 años en 2019). Su activismo era un «medio de vida» político y cultural en el contexto del nacionalismo. |
| Intervención gubernamental | La DGT (dependiente del Ministerio del Interior) aprobó y reguló la V16 en 2018-2021, haciendola obligatoria desde 2026. Esto transformó un invento privado en un requisito nacional, beneficiando económicamente a los inventores (ventas millonarias, aunque niegan intenciones de obligatoriedad). | El Gobierno de Sánchez concedió indultos en 2021 y avanzó en amnistías (aprobadas en 2024), liberándolos y permitiendo su regreso a la política. Esto se enmarcó en pactos para «pacificar» Cataluña. |
| Beneficios obtenidos | Económicos: De arruinados a empresarios exitosos con patentes y ventas. La obligatoriedad impulsa un mercado de 20-30 millones de unidades en España. | Políticos y personales: Libertad, retorno a la vida pública y fortalecimiento del independentismo. Sànchez incluso se convirtió en diputado. |
| Críticas y controversias | Acusaciones de favoritismo a un producto español (vs. importados baratos); la Guardia Civil critica la eficacia de la V16, llamándola «precipitada» y «error» al sustituir triángulos. FACUA denuncia «fraude» por ventas de versiones no homologadas sin alertas de la DGT. | Críticas por «cesiones» a independentistas para mantener el poder; opositores como el PP ven los indultos como traición al Estado de derecho. Amnistía Internacional apoya su liberación como defensa de derechos. |
| Conexión regional/nacionalista | Gallegos, en un contexto donde Sánchez ha concedido favores a regiones periféricas (ver abajo). Su pasado en Guardia Civil podría sugerir redes internas en DGT. | Catalanes, directamente beneficiados por pactos con ERC y Junts para sostener el Gobierno central. |
El paralelismo clave es cómo ambos pares, en situaciones de «precariedad» (económica vs. judicial), lograron un «rescate» vía decisiones estatales que les permitieron prosperar. En ambos, hay un matiz de «premio» regional: gallegos innovando en seguridad vial (con posible sesgo local), vs. catalanes en política identitaria.
3. Concesiones del Gobierno de Sánchez a gallegos, vascos y catalanes para «mantenerse en el poder»
El Gobierno de coalición PSOE-Sumar (desde 2019, reelegido en 2023) depende de apoyos nacionalistas para aprobar leyes y presupuestos, dada la fragmentación parlamentaria. Fuentes de diversos espectros (El Debate, Swissinfo, La Razón) coinciden en que Sánchez ha otorgado concesiones a PNV (vasco), ERC/Junts (catalanes) y BNG (gallego) para asegurar investiduras y estabilidad. Ejemplos clave:
- Catalanes: Amnistía para líderes del Procés (incluyendo a los Jordis, Puigdemont y otros); traspaso de competencias en inmigración y financiación singular (Cataluña gestiona más impuestos propios, valorados en miles de millones); uso oficial del catalán en el Congreso y UE.
- Vascos: Transferencia de competencias en prisiones, ferrocarriles y Seguridad Social; inversiones en ETB (televisión vasca) y normalización del euskera; adelantos en infraestructuras (900 millones en 2023).
- Gallegos: Apoyo al BNG con inversiones en AVE y puertos; promoción del gallego en instituciones; concesiones en pesca y energías renovables. En 2025, aceleró cesiones para sumar apoyos en presupuestos.
Críticos (como ABC y El Debate) lo ven como «venta de España» para sobrevivir políticamente, mientras defensores (como El País) lo justifican como «diálogo territorial». No hay conexión directa con la V16, pero encaja en un patrón de favores a periferias.
4. Hipótesis de «tráfico de influencias» en la V16 y paralelo con el caso de las mascarillas
- Posible influencia en DGT: Los Jorges eran exguardias civiles con experiencia en tráfico (la Guardia Civil colabora con DGT en carreteras). Fuentes como Maldita.es y Motorpasión señalan que Help Flash fue la primera homologada en 2022, y la obligatoriedad ha generado un mercado cautivo. No hay investigaciones abiertas por corrupción, pero hay críticas: la Guardia Civil califica la decisión de «precipitada» y «error», argumentando que la V16 no se ve bien en ciertas condiciones y no sustituye bien a los triángulos. FACUA acusa a la DGT de contribuir a un «fraude masivo» al no advertir sobre balizas falsas, lo que podría inflar ventas de las homologadas (incluyendo la de los inventores). Su pasado en la benemérita podría haber facilitado contactos, pero no hay pruebas de «tráfico de influencias» documentadas; es especulativo.
- Paralelo con el caso de las mascarillas: Este escándalo (como el «caso Koldo» o contratos en Almería/Madrid) involucra enriquecimiento indebido vía contratos públicos durante la pandemia: comisiones millonarias (hasta 6 millones en algunos casos), sobreprecios y empresas sin experiencia que se beneficiaron de emergencias sanitarias. Ejemplos: Koldo García (exasesor de Ábalos) y tramas en PP (Almería) con mordidas en compras de material. Similar a la V16, implicaría un «pelotazo» por decisiones estatales en contextos de urgencia (seguridad vial vs. salud pública), con posibles influencias (exfuncionarios o contactos). Si en unos años surgiera evidencia de que la obligatoriedad de la V16 se impulsó por redes internas en DGT/Guardia Civil, podría derivar en un escándalo análogo: investigación por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y fraude al consumidor. Por ahora, no hay indicios judiciales, pero el patrón de «obligatoriedad estatal = negocio privado» invita a la comparación, como en las mascarillas donde la ausencia de controles facilitó «pelotazos».
En resumen, el paralelismo radica en cómo decisiones gubernamentales «salvaron» a estos pares de Jorges/Jordis en contextos regionales, encajando en un ecosistema de concesiones para estabilidad política. Si la V16 derivara en escándalo, sería por similitudes con las mascarillas: emergencias que generan mercados obligatorios con posibles influencias. Si necesitas más detalles o fuentes específicas, avísame.
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